<p>El gobierno de Paraguay está considerando la venta de su energía eléctrica excedente, incluyendo a los mineros de Bitcoin que operan bajo la regulación y el marco legal del país. Así lo informó el ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez.</p>

<p>Durante una charla en la Cámara de Comercio Paraguay-Brasil, Giménez explicó que, con el objetivo de aprovechar el excedente energético actual, el gobierno de Santiago Peña busca "hacer lo inteligente" y destinar esta energía a los mineros digitales, quienes tienen una alta demanda eléctrica.</p>

<p>Giménez señaló que para utilizar toda la electricidad excedente de Paraguay, se necesitarían al menos 10.000 nuevas industrias que generen empleo. Sin embargo, reconoció que esto podría llevar mucho tiempo, por lo que están considerando vender la electricidad a los mineros de Bitcoin.</p>

<p>"Estamos trabajando para atraer industrias, pero sería beneficioso si, mientras tanto, destinamos la energía a las criptominerías, donde hay demanda, para que la utilicen temporalmente", comentó Giménez, según reportes de la prensa local.</p>

<p>El ministro detalló que el excedente energético de Paraguay que se vende a Brasil tiene una tarifa de aproximadamente USD 12,60. Recordó que las granjas de minería de Bitcoin legales pagan "hasta tres veces más" esa tarifa al Estado paraguayo.</p>

<p>Giménez reconoció que las granjas de minería de Bitcoin que operan legalmente en Paraguay son actualmente la única industria rentable. Sin embargo, aclaró que el plan del gobierno es que en unos años estas operaciones sean reemplazadas por industrias que generen empleo.</p>

<p>El ministro también mencionó que algunas granjas de minería de Bitcoin en Paraguay han ayudado a proteger el sistema eléctrico del país. Un ejemplo es la granja ubicada en la provincia de Hernandarias, llamada Penguin, que apaga sus máquinas cuando la demanda eléctrica local es alta y la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) solicita su colaboración.</p>

<p>Los comentarios de Giménez se producen en un contexto donde más de 50 empresas de minería de Bitcoin operan legalmente en Paraguay. Estas compañías pagan contratos millonarios de energía a la ANDE y están reguladas por esta institución estatal.</p>

<h2 id="h-cruzada-contra-la-mineria-ilegal"><strong>Acciones Contra la Minería Ilegal</strong></h2>

<p>Además, los comentarios de Javier Giménez se dan en medio de una campaña contra la minería de Bitcoin ilegal. Desde principios de este año, la ANDE, el Ministerio Público y otras instituciones del Estado han avanzado en la desconexión de granjas clandestinas que aparentemente roban electricidad.</p>

<p>Hasta ahora, el gobierno de Paraguay ha incautado más de 9.000 equipos de minería de Bitcoin como parte de su lucha contra la actividad ilegal. Recientemente, se informó sobre el allanamiento de una granja cercana a una sede de la ANDE, donde se ocultaban al menos 3.000 equipos de minería de Bitcoin.</p>

<p>En Paraguay, la minería de Bitcoin es legal, pero no existe un marco regulatorio específico para esta actividad. En general, la ANDE es la institución encargada de regular la industria. Por ello, se han presentado al menos cuatro proyectos de ley en el Congreso para regularizar la minería digital.</p>

<p>Uno de estos proyectos busca prohibir la minería y prácticamente toda la actividad relacionada con Bitcoin. Sin embargo, la discusión de esta propuesta está en espera.</p>

<p>Esta semana se presentó otro proyecto para regular la minería y promover que la actividad se realice "con transparencia". Esto, en medio de insinuaciones de corrupción gubernamental ligada a esta importante industria.</p>

<p>Las declaraciones del ministro Giménez, que reflejan la postura del presidente paraguayo Santiago Peña, muestran que el gobierno reconoce a la industria de la minería digital como una fuente de recursos para la nación. Además, las autoridades están avanzando en el desmantelamiento de las granjas de minería clandestinas, tomando en cuenta el artículo 173 del Código Penal paraguayo, que se refiere a la sustracción de energía eléctrica, un delito punible con una pena máxima de 3 años.</p>